Modificacion del codigo de aguas (9)

Desde varias semanas hemos venido exponiendo, nuestra opinión respecto de los contenidos y propuestas del Gobierno actual ,en su proyecto de modificación del Código de Aguas. Hoy queremos terminar este ciclo con un resumen de los principales aspectos formulados, tanto a favor de la modificación del actual cuerpo legal, como también, de aquellas materias que nos merecen reparos y nos oponemos, todo ello desde la perspectiva práctica que nos da el pertenecer a una organización de regantes casi centenaria.

Un primer aspecto y también de los más esenciales de la propuesta modificatoria, es el cambio a la calidad y tenencia de los derechos de aprovechamiento de aguas, pasando desde la condición de un derecho real, es decir, donde su poseedor tiene la disposición el uso y el goce a una condición donde no se podrá disponer del mismo. Esto se traduciría en la imposibilidad de transferir, de cambiar el destino de las aguas, etc. Generando un inmovilismo que no se condice con la necesidad de buscar el uso más eficiente de un recurso escaso y de múltiples usos. En este aspecto no podemos sino estar en desacuerdo con la propuesta gubernamental.

Por el contrario del párrafo anterior, coincidimos con el ejecutivo en la idea de combatir la tenencia de derechos de aguas con el sólo objetivo de especular con ello en la búsqueda de un enriquecimiento particular, sin aportar en nada al desarrollo que se puede esperar con el uso de un recurso tan valioso. En este sentido sugerimos la aplicación de multas cuantiosas a quienes teniendo la propiedad de las aguas, no las usen, generando un desincentivo a la especulación.

Un tercer aspecto que comentábamos es nuestro desacuerdo con la imposición de un plazo perentorio de 6 meses para que todos los usuarios regularicen la inscripción de sus derechos de aguas. A este respecto, fundamentábamos de las dificultades de los pequeños agricultores que por diversas razones no tenían actualizada su situación y el costo que le significaría cumplir con esta exigencia, además que los procesos asociados son de largo plazo.

Otro aspecto que merece ser señalado en este resumen es la facultad que se pretende otorgar a la autoridad para que en momentos de crisis pueda disponer de las aguas y destinarlas a usos preferentes. Así expresado parece ser de una lógica incontrarrestable, sin embargo esta facultad estatal, no lleva aparejada la debida defensa de aquel que, siendo poseedor del derechos de aguas, debe entregarla y para el cual no está contemplada la debida indemnización, es decir, aporta a la solución de un problema para la sociedad pero ésta no le retribuye las pérdidas en que deberá incurrir por no poder usar sus aguas.

Finalmente, en este  resumen, es importante destacar la diferencia de visiones que tenemos con la iniciativa del Gobierno, en lo relacionado en cuanta participación deben tener los organismos públicos en la gestión de los recursos hídricos. En este sentido, todos los estudios que hasta ahora se han desarrollado, coinciden en que uno de los elementos a mejorar es la existencia de una gran cantidad de instituciones que participan en las diversas materias relacionadas con el uso de las aguas y las numerosas facultades delegadas, en algunos casos contradictorias. Además, que estas mismas instituciones públicas han tenido parte importante de responsabilidad en los conflictos y razones que hoy se esgrimen como justificativas de la propuesta de modificación que lamentablemente avanza sin la debida participación que una materia tan relevante merece. No reconociendo mayor injerencia al sector privado que a través de organizaciones de usuarios ha sido motor y operador del desarrollo de sistemas valiosos para el país y sin costo para el fisco en la mayoría de los casos.

PATRICIO GUZMÁN ACUÑA

PRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL LAJA