MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS (7)

Desde hace ya varias semanas hemos destinado este espacio para entregar nuestra opinión en lo relacionado con la iniciativa gubernamental de modificar, substancialmente, la legislación que regula el uso de los recursos hídricos. En ese contexto, hemos indicado nuestro apoyo a determinadas modificaciones y también nuestro rechazo a otras indicaciones, siempre mirado desde el punto de vista práctico, que se genera a partir de la experiencia del día a día. En esta ocasión, quiero referirme a la discrepancia entre la apreciación del ejecutivo y la visión del dirigente de una organización de usuarios, respecto de lo que ha sido la gestión del agua y de la participación que en ella le cabe al Estado.

Ha sido una tradición, desde la época prehispánica, que diariamente la gestión del recurso hídrico, la realiza las Organizaciones de Usuarios de Agua a lo largo del país. En dicha labor, participan miles de personas, que en su mayoría lo hacemos Ad Honorem. Este modelo de gestión que la ejecutan los propios usuarios, ha sido reconocido a nivel mundial, por su eficiencia, gratis para el Estado, además del bajo costo por hectárea que representa para los usuarios.

En las indicaciones sustitutivas del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, se argumenta que “La regulación de los recursos hídricos, requiere de un cambio que intensifique el régimen público de las aguas, reforzando las facultades de la Administración en la constitución y limitación de los derechos de aprovechamiento; y dando cabida, protegiendo y priorizando los usos de la función de subsistencia.”

Se puede apreciar que la fundamentación del Gobierno para argumentar el cambio propuesto, reniega de lo que ha sido la tradición nacional en la gestión del agua y quita, por lo tanto, todo valor a lo que ha sido el esfuerzo privado en la materia.

Por el contrario, propone una mayor participación pública, sin detenerse a pensar que el gran déficit de la gestión está justamente en la deficiencia que han tenido los organismos estatales. Vaya por ejemplo, la aseveración del ex ministro de Agricultura cuando, el año 2012, a propósito de la sequía expresaba: “Los efectos del cambio climático dejaron en evidencia un déficit en infraestructura de riego de prácticamente 50 años“, atribución exclusiva de la Dirección de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, el Banco Mundial, en el “Estudio para el mejoramiento del marco Institucional para la gestión del agua”, de junio de 2013 en el número 99 decía: “Actualmente las instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos en Chile (principalmente la DGA) han sido sobrepasadas por las necesidades del país referentes a la gestión del agua. Esta situación se ha mantenido, sin perjuicio del aumento de los recursos asignados a lo largo del tiempo, ya que simultáneamente ha tenido un incremento en la demanda por sus servicios y una ampliación de su campo de acción. Con frecuencia los recursos adicionales que se entregan son para fines específicos, y no permiten resolver las situaciones críticas que se presentan en el cumplimiento de las funciones habituales del servicio, como es, por ejemplo, la resolución de las diversas solicitudes asociadas a la legislación de aguas”. Y en el número 100 reconoce que no es sólo un problema de recursos económicos, sino que también de recurso humano: “De acuerdo a la evaluación del desempeño institucional, uno de los problemas críticos de la DGA, lo constituye la capacidad de sus recursos humanos. Se requiere no solamente un número adecuado de personal, también personal especializado, con experiencia y liderazgo   consolidado. Sin embargo, en la DGA hay una alta rotación de personal en los niveles técnicos superiores y el personal de planta sólo representa del orden del 20%”. Con ello se denuncia indirectamente la alta politización de este organismo, cuestión incompatible con una gestión técnica eficiente y de largo plazo.

En definitiva, no podemos participar de esta visión del Ejecutivo en términos de sustituir el rol de las organizaciones de usuarios por un protagonismo excesivo de organismos públicos que, hasta ahora, en un rol mucho menos intensivo, han sido responsables de una parte significativa del déficit que la gestión del agua ha venido arrastrando.

PATRICIO GUZMÁN ACUÑA

PRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL LAJA

REVISTA AGROFORESTAL